La organización presentó un escrito ante el
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco
de un caso en el que se discute el potencial impacto discriminatorio de la
política educativa de la Ciudad de Buenos Aires, impulsado por la Asociación
Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
“La asignación de recursos destinados a escuelas
primarias en los distritos más pobres, ha resultado en una oferta limitada en
comparación con los distritos más ricos de la ciudad”, señaló Amnistía
Internacional.
En un escrito de "amicus curiae" –una
figura legal que permite a personas o instituciones ofrecer su opinión al
tribunal, en casos de interés público– la organización aportó criterios
relevantes y estándares regionales, internacionales y de derecho comparado
sobre el reconocimiento del estatus socio-económico como motivo de
discriminación y la obligación de los Estados de garantizar el derecho a la
educación para todas y todos.
El escrito presentado por Amnistía Internacional
afirmó que debe garantizarse el derecho a la educación de todas las personas a
través de la asignación de recursos suficientes, y que deben priorizarse
aquellas personas en situación de mayor marginación y desventaja al momento de
tomar decisiones de política pública presupuestaria.
Allí se indicó que “el principio de no
discriminación va más allá de meramente prohibir prácticas y políticas
deliberadamente discriminatorias, sino también aquellas que tienen un impacto
discriminatorio en contra de ciertas categorías de personas, incluso si no es
posible demostrar su intención discriminatoria”, señaló Amnistía Internacional
en su documento.
En tal sentido, recordó la obligación de los Estados
de “asegurar que la asignación de recursos entre escuelas sea justa y
equitativa y que las escuelas de las zonas marginadas y remotas reciban un
apoyo adicional que les permita obtener mejores resultados”.
“Varios tribunales alrededor del mundo, incluso en
países de América Latina, han subrayado el rol que puede desempeñar el poder
judicial al pronunciarse sobre la asignación de recursos y política pública,
para evitar situaciones de discriminación y exclusión, sin por ello contravenir
el principio de separación de poderes”, indicó Mariela Belski, Directora
Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
