Un centenar de magistrados porteños mandaron a la Legislatura un
proyecto para retrotraer la vigencia de una norma, que fue modificada en 2013,
respecto de las mayorías requeridas para acusar a un miembro del Poder
Judicial, llevarlo a juicio político o para proponer nuevas designaciones.
La iniciativa reunió las firmas de magistrados del Ministerio Público Fiscal,
de la Defensa y el Tutelar; de los fueros fuero Contencioso, Administrativo y
Tributario, primera instancia y cámara; y del fuero Penal Contravencional y de
Faltas, primera instancia y cámara.
Entre ellos, se destacan al menos 45 jueces porteños
que llevan adelante causas clave en la Ciudad, como Elena Liberatori, Patricia
López Vergara, Víctor Trionfetti, Marcelo López Alfonsín, Andrea Danas, Martín
Converset; y el defensor general de la Ciudad, Horacio Corti.
Puntualmente, el requerimiento a los legisladores
apunta a restablecer la vigencia del artículo 22 de la ley 31, que organiza el
funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el cual establece las mayorías
especiales que serán requeridas para distintas resoluciones que pueda tomar el
plenario de consejeros y la cantidad de miembros presentes para cada caso,
entre ellos, la posibilidad de iniciar un jury de enjuiciamiento.
Ese apartado fue modificado en diciembre del 2013
por el Parlamento local, mediante una reforma que redujo de siete a cinco la
cantidad de los votos necesarios, sobre un total de nueve miembros, para
impulsar un jury contra magistrados, y de seis a cinco el quórum de presentes
para acusar.
Entre los firmantes, asimismo, figura el juez Sergio
Delgado, que integra la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de
Faltas, y quien, justamente, fue el primer magistrado mandado a juicio político
a partir de las nuevas mayorías establecidas en 2013.
En aquella oportunidad, los cambios fueron
impulsados por el macrismo y votados en el recinto de legisladores con 50 votos
afirmativos, 2 negativos y 2 abstenciones.
A casi dos años de esa aprobación parlamentaria, es
que elevaron un proyecto que contempla las minorías que estaban vigentes
anteriormente al entender que “es irrenunciable que los magistrados no estén
sometidos a un sistema de control político con una mayoría circunstancial con
el fin de asegurar su independencia en el rol de garantes del sistema de
derecho”.
