El proyecto de reurbanización del barrio popular de La Paternal avanzó en la Legislatura porteña con la firma del dictamen en la Comisión de Planeamiento Urbano, luego de obtener el aval de Vivienda.
La iniciativa deberá pasar ahora por Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, donde el oficialismo cuenta con mayoría, en una etapa decisiva para una propuesta que busca garantizar servicios básicos, mejoras habitacionales y la integración urbana de unas 4.000 personas.
El avance parlamentario abre una nueva instancia para el reclamo de los vecinos de La Carbonilla, aunque todavía queda por delante el desafío de conseguir respaldo para una ley que deberá traducirse en obras y recursos concretos.
El trámite se produce, además, en un contexto de tensión con el Gobierno de Jorge Macri por su política hacia los barrios populares y después de los operativos policiales desplegados en agosto en el asentamiento.
El principal obstáculo político será la posición que viene expresando Macri sobre la política habitacional en las villas porteñas. El jefe de Gobierno sostuvo que no continuará construyendo viviendas nuevas y gratuitas en esos barrios y afirmó que no permitirá que sigan creciendo. En agosto, durante el operativo en La Carbonilla, insistió con la consigna “la ley y el orden” y defendió las restricciones al ingreso de materiales de construcción.
En ese escenario, la discusión en Presupuesto deberá determinar si la iniciativa consigue avanzar hacia una propuesta con respaldo financiero. El proyecto plantea una intervención integral que no se limita a la construcción o mejoramiento de viviendas, sino que incluye infraestructura, acceso a servicios públicos, saneamiento ambiental, regularización dominial e integración del barrio con el entorno urbano.
La propuesta contempla la creación de un Plan Integral de Reurbanización del Barrio La Carbonilla (PIRU) y una Mesa de Gestión Participativa, con representación del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), la Junta Vecinal, la Comuna 15, legisladores, organismos de control y habitantes del barrio. El objetivo es que los vecinos participen en la definición de las intervenciones y en el seguimiento de las obras.
La iniciativa fue impulsada por la organización vecinal y retoma un proyecto anterior que había perdido estado parlamentario sin llegar a ser debatido. Sus promotores sostienen que las características del asentamiento permiten avanzar con un proceso de integración urbana y remarcan que sus habitantes mantienen una relación cotidiana con La Paternal, donde concurren a escuelas, clubes y centros de salud.
Durante el tratamiento en la Comisión de Vivienda, referentes barriales y organizaciones vinculadas con el derecho al hábitat respaldaron la propuesta. Joaquina Núñez, coordinadora de la Junta Vecinal, sostuvo que la sanción de la ley es necesaria para avanzar con los servicios básicos y la regularización del barrio. “Queremos un barrio ordenado y pertenecer al tejido urbano de la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó.
El avance legislativo se produce después de los operativos desplegados por el Gobierno porteño los días 11 y 12 de agosto, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad y agentes de distintas áreas controlaron los accesos a La Carbonilla para restringir el ingreso de materiales de construcción.
El despliegue también incluyó el retiro de elementos y el derribo de algunas estructuras, según los cuestionamientos formulados por vecinos y legisladores opositores. El Ejecutivo justificó la medida por los riesgos asociados con el crecimiento de las edificaciones en altura y las condiciones de hacinamiento.
Tras el procedimiento, legisladores de la oposición presentaron iniciativas para repudiar el accionar oficial y solicitar informes sobre la resolución del IVC que estableció las restricciones, los fundamentos técnicos de la medida y los procedimientos aplicados durante los controles.
Para los vecinos, la discusión sobre el ordenamiento no puede quedar limitada al control policial. Junto con el proyecto de reurbanización, elaboraron un Código de Convivencia que fija pautas sobre ruidos, higiene, circulación vehicular, cuidado de los espacios comunes y resolución de conflictos mediante el diálogo y la mediación comunitaria.
“Este Código de Convivencia demuestra al Gobierno de la Ciudad que queremos ser un barrio ordenado, pero para eso necesitamos de la ley”, resumió Núñez.
Con el dictamen de Planeamiento Urbano, la iniciativa completó una segunda instancia en comisiones. El próximo paso será Presupuesto, donde se pondrá a prueba la posibilidad de convertir el reclamo de urbanización en una política pública con respaldo legislativo y recursos para su implementación.
