El Gobierno porteño desplegó esta semana un operativo en La Carbonilla para “ordenar” el asentamiento: más de 100 agentes, controles en los accesos, retiro de autos abandonados, inspecciones a comercios y corralones y restricciones para el ingreso y acopio de materiales de construcción. La intervención busca frenar el crecimiento de las edificaciones, especialmente en altura, por los riesgos estructurales y las condiciones de hacinamiento que se registran en distintos sectores, según la versión oficial.
Pero detrás del despliegue aparece una contradicción que los propios habitantes del barrio vienen señalando desde hace años. Mientras la Ciudad avanza con controles sobre el territorio, los vecinos tienen una propuesta concreta para urbanizar La Carbonilla que fue presentada en distintas oportunidades ante la Legislatura porteña y nunca llegó a ser tratada.
El reclamo no surgió ahora, a partir del operativo. La comunidad viene organizándose desde hace años alrededor de un proyecto de reurbanización integral elaborado con participación de los propios habitantes. La iniciativa busca que el Estado intervenga en el barrio, pero no solamente desde la fiscalización o el control, sino a partir de obras, infraestructura, servicios, regularización de las viviendas y una solución habitacional para las familias que viven allí.
La diferencia entre ambas miradas quedó expuesta con la llegada del operativo. Desde el Gobierno porteño se plantea que el objetivo es evitar que La Carbonilla continúe creciendo y aplicar allí medidas similares a las implementadas en la Villa 31. La resolución del Instituto de la Vivienda establece restricciones para el ingreso de materiales y prevé controles periódicos sobre las obras en ejecución.
Del otro lado, los habitantes del asentamiento plantean que el barrio no puede ser pensado solamente como un lugar que hay que controlar. Su propuesta apunta a convertir la urbanización en una política pública y contempla un Plan Integral de Reurbanización que permita ordenar las distintas etapas de transformación del lugar.
El proyecto vecinal incluye mejoras y ampliación de infraestructura, acceso a servicios públicos, saneamiento ambiental, regularización de la tenencia de la tierra, fortalecimiento de las actividades económicas familiares y una integración física de La Carbonilla con el tejido urbano de La Paternal.
También propone una Mesa de Gestión Participativa, integrada por representantes del Instituto de Vivienda de la Ciudad, la Junta Vecinal, la Comuna 15, legisladores, organismos de control y vecinos. La idea es que quienes viven en el barrio tengan un lugar concreto en las decisiones sobre las obras y las transformaciones que se realicen.
Ese punto resulta central para los habitantes: no cuestionan la necesidad de mejorar las condiciones del barrio, sino que reclaman ser parte de las decisiones sobre cómo hacerlo.
La Carbonilla se consolidó a partir de la crisis de 2001 sobre terrenos ferroviarios ubicados junto a las vías del ferrocarril San Martín, entre las calles Perú, Manuel Trelles, Añasco y Espinosa. Con el paso de los años, el asentamiento creció hasta superar los 4.000 habitantes y las primeras construcciones dieron paso a viviendas de mayor tamaño y, en algunos casos, a edificaciones de varios pisos.
Ese crecimiento es justamente uno de los argumentos utilizados por la Ciudad para justificar las nuevas restricciones. Un relevamiento realizado entre 2021 y 2025 detectó construcciones sobre edificaciones existentes que alcanzaron alturas de entre 12 y 20 metros. El Gobierno considera que esta expansión genera riesgos y busca impedir que continúe.
Los vecinos, sin embargo, vienen señalando otros problemas que también requieren una intervención estatal: cortes de electricidad, desbordes cloacales, dificultades para acceder al agua potable, inundaciones, calles sin pavimentar y situaciones de hacinamiento. A eso se suman las dificultades que pueden tener los servicios de emergencia para ingresar a determinados sectores.
Es justamente allí donde aparece la pregunta que deja el operativo: ¿qué pasa después del control?
Porque si la preocupación oficial es que las familias continúen construyendo hacia arriba por las condiciones de seguridad y hacinamiento, la respuesta no puede quedar limitada a impedir el ingreso de materiales. La propia propuesta elaborada por los habitantes plantea avanzar en un diagnóstico integral, censar viviendas y hogares y planificar las obras necesarias para mejorar las condiciones existentes.
También contempla una solución habitacional definitiva para las familias que residan en La Carbonilla al momento de sancionarse la ley y establece que cualquier relocalización debería realizarse dentro del propio barrio, en viviendas de características iguales o superiores a las actuales.
La Carbonilla tiene una historia de organización comunitaria y sus habitantes sostienen que existen condiciones para avanzar hacia una urbanización porque el barrio fue creciendo respetando buena parte de los ejes de las calles y dejando espacios para veredas y circulación. Aseguran que esa característica puede ser el punto de partida para integrar el asentamiento al resto de La Paternal.
