La Asociación ORT Argentina presentó ante la Legislatura porteña un proyecto de ley para expropiar un inmueble ubicado en Río de Janeiro 473/481, lindero a su complejo educativo, con el objetivo de incorporarlo a una zona permanente de seguridad, evacuación y autoprotección escolar. La iniciativa deberá ser analizada por los legisladores e incluye la realización de una audiencia pública antes de una eventual sanción.
La propuesta declara al inmueble de utilidad pública y sujeto a expropiación y autoriza a ORT Argentina a actuar como sujeto expropiante privado, una figura contemplada por la Ley 238 de la Ciudad. Esto implica que sería la propia institución, y no el Gobierno porteño, la encargada de afrontar el pago de la indemnización al propietario y todos los gastos derivados del procedimiento. El valor se determinaría a partir de una tasación del Banco Ciudad.
Según los fundamentos, la intención es incorporar el predio al esquema de funcionamiento del establecimiento para mejorar las condiciones de seguridad de una comunidad educativa de alta concurrencia. ORT señala que por el complejo pasan diariamente alrededor de 3.600 alumnos, además de docentes, personal no docente y familias, y considera que las características de los inmuebles del entorno tienen incidencia sobre la circulación, los accesos y las posibilidades de evacuación.
El proyecto establece que, una vez expropiado, el edificio deberá destinarse exclusivamente a la creación y mantenimiento de una “zona permanente de seguridad educativa, evacuación y autoprotección escolar”. Entre los objetivos mencionados aparecen reorganizar los accesos, mejorar los circuitos de circulación y disponer de espacios que faciliten una eventual evacuación y el resguardo de quienes concurren diariamente a la institución.
Desde ORT argumentaron que el inmueble de Río de Janeiro se encuentra inmediatamente próximo al complejo y mantiene una relación directa con los distintos edificios que lo integran. “Esta iniciativa nace de una preocupación compartida por toda nuestra comunidad educativa”, expresó el presidente de la asociación, Guillermo Feldberg, en la presentación elevada a la Legislatura. Según sostuvo, la finalidad es “fortalecer las condiciones de seguridad del entorno” en el que se desarrollan las actividades educativas.
La iniciativa deberá ahora atravesar el procedimiento legislativo correspondiente. Además de su tratamiento en la Legislatura, el texto contempla una audiencia pública previa a la sanción, tal como establece la normativa porteña para las expropiaciones. En caso de avanzar, ORT quedaría habilitada para llevar adelante el proceso y asumir su costo, mientras que el inmueble quedaría afectado específicamente al nuevo esquema de seguridad del complejo educativo.
