Un proyecto de ley presentado en las últimas horas propone crear un programa integral para ordenar el entorno urbano del estadio ubicado en Villa Crespo, ante el impacto que generan los recitales y espectáculos masivos sobre la vida cotidiana de los vecinos.
La iniciativa busca establecer restricciones de tránsito, controles de ruido y vibraciones, mayores medidas de seguridad y nuevas obligaciones para la empresa explotadora del predio.
La propuesta plantea la creación del “Programa de Mejoramiento del Entorno Urbano del Movistar Arena”, bajo la órbita del Gobierno porteño, con el objetivo de mitigar las consecuencias derivadas de la realización frecuente de eventos multitudinarios.
Entre las medidas previstas figuran cortes y restricciones vehiculares en un perímetro delimitado, prohibición de estacionamiento para no residentes, monitoreo ambiental permanente y una reorganización integral de la movilidad en la zona durante los horarios de ingreso y egreso de espectáculos.
El proyecto fue presentado por el legislador porteño Alejandro Grillo, quien argumentó que el crecimiento del estadio como polo cultural y de entretenimiento generó “externalidades negativas” persistentes para quienes viven en las inmediaciones.
En los fundamentos de la iniciativa se señala que la concentración de recitales y eventos produce problemas estructurales de congestión vehicular, dificultades de accesibilidad, ocupación del espacio público, contaminación acústica y vibraciones que afectan a viviendas linderas.
La discusión sobre el funcionamiento del estadio suma así un nuevo capítulo en medio de reiterados reclamos vecinales y distintas presentaciones judiciales realizadas en los últimos años.
El texto sostiene que la normativa vigente resulta insuficiente para abordar de manera integral los efectos acumulativos de los eventos masivos recurrentes y plantea la necesidad de una intervención estatal más activa y sostenida. Según el proyecto, el actual esquema de controles se encuentra centrado principalmente en las habilitaciones individuales, sin contemplar un seguimiento continuo del impacto urbano y ambiental.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la creación de un plan obligatorio de gestión y manejo del entorno del estadio. Ese esquema debería contemplar la reducción de cortes de calles y avenidas, garantizar la circulación del transporte público, preservar bicisendas y accesos peatonales y fomentar alternativas de movilidad sustentable para los asistentes a los recitales.
Además, se prevé instalar señalética específica, implementar desvíos organizados y reforzar la presencia de agentes de tránsito y efectivos policiales durante cada operativo.
El proyecto también incorpora un capítulo ambiental con medidas más estrictas para controlar el nivel de ruido y las vibraciones generadas por los espectáculos. Entre las disposiciones figura la realización de monitoreos periódicos durante los eventos, conforme a los límites establecidos por la Ley 1540 de contaminación acústica.
Incluso, se propone exigir la incorporación de tecnología de amortiguación sísmica para evitar que las vibraciones se transmitan a las viviendas cercanas, bajo apercibimiento de clausura del establecimiento.
Otro de los aspectos relevantes es la creación de una Mesa de Trabajo integrada por representantes del Gobierno de la Ciudad, la Junta Comunal 15, la administración del estadio y miembros del Consejo Consultivo comunal. Ese ámbito tendría como función monitorear el funcionamiento de los operativos, evaluar reclamos y proponer ajustes periódicos en la gestión del entorno urbano.
A su vez, la autoridad de aplicación deberá elaborar cada año un “Informe de Cumplimiento Socio Ambiental” de acceso público, con datos sobre movilidad, niveles de ruido, vibraciones y aplicación de medidas de mitigación.
La iniciativa también endurece el régimen sancionatorio previsto para establecimientos destinados a eventos masivos. Para ello propone modificar la Ley 451 e incorporar multas de entre 5.000 y 50.000 Unidades Fijas para quienes incumplan los planes de gestión, excedan los límites de ruido o afecten la circulación y la seguridad en el barrio. Las sanciones podrían agravarse e incluir la clausura del predio cuando las irregularidades comprometan el acceso de vehículos de emergencia o provoquen daños en viviendas linderas.
En los fundamentos, el proyecto aclara que la intención no es restringir la actividad cultural ni el funcionamiento del estadio, sino establecer “un marco regulatorio claro” que permita compatibilizar el desarrollo de grandes espectáculos con el derecho de los vecinos a un ambiente sano y una convivencia urbana equilibrada.
