El juez porteño
Lisandro Fastman hizo lugar a una acción de amparo presentada por un hombre de
49 años contra el Gobierno porteño y el Instituto de la Vivienda, por
considerar afectados sus derechos y garantías constitucionales a la vivienda, a
la salud y a la dignidad.
El magistrado ordenó
al Ministerio de Desarrollo Social que garantice en forma efectiva el derecho
del adulto y el sus dos niños menores de edad a tener un alojamiento digno,
“arbitrando los medios necesarios a fin de incluirlo en alguno de los programas
habitacionales vigentes, que no sea parador ni hogar”.
Actualmente,
el hombre vive junto con sus hijos en el barrio Ramón Carrillo y se dedica a
recolectar cartones y plásticos para su posterior venta, ocupación que le
permite reunir alrededor de ciento veinte pesos por semana.
Alquila dos
habitaciones por las que abona $1500 mensuales, que obtiene por
el subsidio habitacional que le fue otorgado a través de una cautelar dictada
por el magistrado en octubre de 2012 y confirmada por la Sala II de la Cámara
de Apelaciones del fuero en marzo de 2013.
