El Gobierno porteño difundió un conjunto de pautas dirigidas a equipos directivos y docentes para actuar frente a situaciones de amenaza en establecimientos educativos, en un contexto de episodios que, según remarcan, “lejos de ser una broma, constituyen un delito”.
El protocolo, elaborado de manera conjunta con áreas de Seguridad, Justicia y organismos de protección de la niñez, establece medidas concretas que van desde la prevención hasta la intervención policial dentro de las escuelas.
Uno de los puntos más sensibles es que, ante una denuncia, ya sea realizada por la institución o por un tercero, los directivos deberán permitir el ingreso de la Policía al establecimiento. La intervención deberá realizarse con el objetivo de “hacer cesar la situación de riesgo” y con resguardo de la integridad de la comunidad educativa.
En ese marco, las fuerzas de seguridad podrán ingresar a las instalaciones, solicitar información, revisar pertenencias de estudiantes e incluso confiscar dispositivos electrónicos, siempre en coordinación con autoridades judiciales y educativas.
Entre las medidas preventivas, el documento habilita a cada institución a impedir de forma temporal el ingreso de mochilas o bolsos, como mecanismo para reducir riesgos ante amenazas concretas.
Además, se recomienda reforzar la supervisión en espacios comunes, limitar la circulación de alumnos durante las clases y promover instancias de diálogo con estudiantes y familias sobre el uso responsable de redes sociales y dispositivos electrónicos.
También se insta a los adultos responsables a involucrarse activamente, prestando atención a cambios de conducta o posibles señales de alerta vinculadas a desafíos virales o situaciones de acoso.
El protocolo es claro en cuanto al procedimiento ante amenazas graves: la escuela debe realizar la denuncia de inmediato al 911y comunicar la situación a las autoridades educativas correspondientes.
Desde el Ejecutivo porteño remarcan que toda amenaza, ya sea verbal, escrita o virtual, está tipificada como delito en el Código Penal, por lo que puede derivar en procesos judiciales tanto para estudiantes como para sus responsables legales.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, aseguró que no van “a naturalizar que situaciones como estas alteren la vida y el ritmo escolar. No se trata de una broma pesada, es un delito".
En cuanto al funcionamiento de las escuelas, se establece que las clases deberán continuar con normalidad, salvo que exista una indicación formal de suspensión basada en una evaluación policial y judicial del riesgo.
Solo en situaciones excepcionales se podrá ordenar la evacuación o interrupción de actividades, mientras que, en caso de afectación del calendario, se prevé la recuperación de jornadas para garantizar los objetivos pedagógicos.
