La legisladora porteña Pilar Ramírez, del bloque La Libertad Avanza, presentó un proyecto de ley en la Legislatura para incorporar la figura de “Ficha Limpia” al Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de establecer nuevas condiciones de elegibilidad para cargos públicos locales.
La iniciativa fue impulsada por el bloque libertario en medio del escándalo que salpica al jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, por la causa en lo que se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito. Adorni fue quien encabezó la lista ganadora de legisladores porteños el año pasado, aunque finalmente desistió de asumir en su cargo parlamentario.
La propuesta contempla la incorporación de los artículos 77 bis y 77 ter a la Ley 6.031, que regula el Código Electoral porteño. Allí se establece que no podrán ser precandidatos a jefe o vicejefe de Gobierno, ni a legisladores de la Ciudad, aquellas personas que hayan sido condenadas en segunda instancia por una serie de delitos tipificados en el Código Penal de la Nación.
Entre los delitos contemplados se incluyen aquellos contra la integridad sexual, contra la administración pública, fraude en perjuicio de la administración pública, delitos contra las personas, contra la libertad, contra el estado civil, contra la seguridad de la Nación y contra el orden constitucional, así como también los previstos en la Ley Nacional de Estupefacientes.
El proyecto establece que la inhabilitación para presentarse a cargos electivos comenzará a regir desde la notificación de la sentencia condenatoria de segunda instancia y se extenderá durante el tiempo de la condena fijada por el tribunal interviniente. Asimismo, se prevé que en determinados casos —como delitos contra la integridad sexual, las personas, la libertad, la seguridad de la Nación, el orden constitucional y los vinculados a estupefacientes— el plazo de inhabilitación podrá extenderse por el doble de la condena, siempre que ese período no haya sido ya definido por la Justicia.
En los fundamentos, la autora sostiene que la propuesta busca garantizar “estándares mínimos de idoneidad, integridad y respeto por la ley” para quienes aspiren a representar a la ciudadanía. En ese sentido, plantea que la elección de representantes debe contemplar la exclusión de personas condenadas por delitos graves, especialmente aquellos vinculados a la corrupción.
El texto también señala que la medida se basa en el criterio del “doble conforme”, es decir, en la existencia de una condena confirmada en segunda instancia, con el objetivo de asegurar un grado suficiente de certeza jurídica sin afectar las garantías constitucionales como la presunción de inocencia y el debido proceso.
Además, se indica que la incorporación de “Ficha Limpia” apunta a ordenar el sistema político y a establecer condiciones para el ejercicio de derechos políticos, en resguardo del interés público. En ese marco, el proyecto remarca que la iniciativa no constituye una sanción adicional, sino un requisito para acceder a cargos electivos.
