El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires presentó un amplio paquete de iniciativas legislativas con el que busca instalar una agenda propia en el distrito y proyectar su construcción política hacia 2027. En el anuncio, algunos de los máximos referentes evitaron opinar sobre la situación del actual jefe de Gabinete nacional Manuel Adorni.
Las propuestas, que abarcan reformas económicas, administrativas, institucionales y de seguridad, se inscriben en una estrategia que en el espacio reconocen como de mediano plazo: utilizar el trabajo parlamentario para generar volumen político durante 2026 y consolidar un escenario competitivo de cara a la disputa por la Jefatura de Gobierno el próximo año.
“Hoy La Libertad Avanza es el espacio más reformista de la Ciudad, con una agenda clara para mejorar las condiciones en las que viven, trabajan y producen los porteños”, sostuvo Pilar Ramírez, presidenta del bloque, al presentar la batería de proyectos.
En esa línea, desde el espacio plantean que “la Ciudad necesita un Gobierno con visión y decisión política, capaz de avanzar en cambios estructurales que durante años fueron postergados. El Gobierno Nacional viene impulsando soluciones de fondo que la Ciudad tiene acompañar. El país avanza pero la Ciudad se queda a medio camino. Perdió agilidad. Es hora de que la Ciudad avance a la velocidad de la Nación”.
El bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña está presidido por Pilar Ramírez y cuenta con 14 integrantes: Juan Pablo Arenaza, Marcelo Gregorio Ernst, Juan Ignacio Fernández, Rebeca Fleitas, Andrea Freguia, Silvia Imas, Marina Kienast, Lucía Montenegro, Nicolás Pakgojz, Solana Pelayo, Sandra Mónica Rey, Leonardo Saifert y Diego Vartabedian.
Recientemente, se conoció que el bloque libertario tendrá la presidencia de 7 de la treintena de comisiones legislativas que existen en la Legislatura: Asuntos Constitucionales, Justicia, Cultura, Descentralización, Obras y la Junta de Ética.
Con este paquete, el espacio busca consolidar su presencia legislativa, marcar el ritmo del debate político en la Ciudad y construir una plataforma que le permita disputar el poder local en 2027. Mientras tanto, la discusión sobre estas iniciativas abre un nuevo capítulo en la relación entre el oficialismo porteño y el espacio libertario, en un escenario que comienza a ordenarse en clave electoral.
Una por una las propuestas
El paquete presentado no sólo apunta a la aprobación de leyes concretas, sino también a instalar ejes de discusión en la agenda pública y legislativa. En el bloque libertario consideran que la Ciudad mantiene un esquema “burocrático” y con estructuras superpuestas, y buscan tensionar ese modelo con iniciativas que promueven desregulación, simplificación y reducción del gasto.
En ese marco, durante el encuentro con la prensa evitaron adelantar definiciones sobre candidaturas para 2027 y optaron por no profundizar en la coyuntura nacional, incluyendo el reciente episodio que involucró al jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni. La decisión fue concentrar el mensaje en la agenda local y en la construcción política en la Legislatura.
El paquete de proyectos se organiza en tres grandes ejes: “Más libertad”, “Reformas de fondo” y “Orden y seguridad”.
En materia económica, la principal iniciativa es una reforma impositiva orientada a reducir la carga tributaria. El proyecto propone la eliminación del Impuesto a los Sellos en operaciones inmobiliarias, la reducción del impuesto inmobiliario y beneficios de hasta el 100% en Ingresos Brutos para pequeños contribuyentes. También contempla la eliminación de tributos sobre instrumentos financieros, créditos y consumos financiados.
A su vez, se impulsa un esquema de “libertad comercial y simplificación” que incluye habilitaciones automáticas para actividades económicas, procesos administrativos más ágiles, la implementación del silencio administrativo positivo y el reconocimiento de habilitaciones entre distintas jurisdicciones.
El capítulo de modernización del Estado propone la eliminación de trámites redundantes mediante la digitalización, la creación de un catálogo único de trámites y la aplicación del principio de “una sola vez”, para evitar que los ciudadanos deban presentar la misma documentación en múltiples instancias. También se plantea centralizar la información administrativa para reducir tiempos y discrecionalidad.
En cuanto a inversiones, el bloque propone integrar a la Ciudad a los regímenes nacionales de incentivo, a través del RIMI y la adhesión al RIGI. El primero contempla exenciones impositivas —Ingresos Brutos, Sellos y ABL— y financiamiento del Banco Ciudad para inversiones medianas, mientras que el segundo apunta a grandes proyectos con beneficios fiscales y estabilidad jurídica.
Otro de los proyectos incluidos es la reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV), que busca reemplazar el modelo actual por uno abierto y competitivo. La iniciativa permite validar la verificación en talleres homologados, habilita más prestadores, flexibiliza el esquema de grabado de autopartes, amplía los plazos de revisión y elimina la fijación estatal de precios.
Dentro de este eje, LLA propone insistir con una “Ley Bases” para la Ciudad, con el objetivo de avanzar en una reestructuración del Estado. El proyecto contempla la ampliación del silencio administrativo positivo, la fijación de plazos claros de respuesta, la digitalización integral de trámites y la creación de un sistema más accesible y transparente.
La reforma del Estado incluye la eliminación de organismos superpuestos, una nueva ley de procedimiento administrativo y la posibilidad de privatizar actividades no esenciales, con el objetivo de reducir el gasto público y mejorar la eficiencia.
También se impulsa una modificación de la Ley de Comunas para transferir plenamente las competencias concurrentes previstas en la Constitución local. La iniciativa apunta a reducir estructuras duplicadas entre comunas y el Poder Ejecutivo, mejorar la gestión de cercanía y optimizar recursos.
En el plano institucional, el paquete incorpora el proyecto de Ficha Limpia, que establece la prohibición de acceder a cargos públicos para personas con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos graves, como corrupción, narcotráfico, homicidio, delitos contra la integridad sexual y trata de personas.
El tercer eje se centra en seguridad y convivencia urbana. Entre las iniciativas figura la baja de la edad de imputabilidad, en consonancia con la legislación nacional, junto con la incorporación de penas alternativas, monitoreo electrónico, mecanismos de reparación a las víctimas y la agilización de los procesos judiciales.
La reforma del Código Contravencional propone endurecer sanciones para conductas que afecten el orden público, incluyendo la obstrucción del tránsito, hechos de violencia y daños al espacio público. También incorpora medidas de protección reforzada para menores.
En paralelo, se plantea una regulación más estricta de la actividad de los denominados “trapitos”, con nuevas escalas de sanciones, agravantes en casos de organización o intimidación y un esquema específico de control en eventos masivos.
