La Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires emitió un nuevo dictamen en el marco de la causa judicial que cuestiona las intervenciones proyectadas en el estadio Luna Park. En el expediente “Gil Domínguez, Andrés Favio contra GCBA sobre amparo – patrimonio cultural histórico”, la fiscal de Primera Instancia Marcela Monti avaló la ampliación de la demanda presentada por los actores pero reiteró su criterio de que, por el momento, no corresponde suspender el trámite administrativo vinculado al proyecto.
El pronunciamiento, firmado en el **Dictamen N.º 41/2026** de la Unidad Especializada en Litigios Complejos, fue remitido al Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N.º 5, Secretaría 10, donde se tramita el expediente. Allí también se analiza en paralelo otra causa colectiva iniciada por organizaciones civiles contra el Gobierno de la Ciudad por el mismo tema.
La controversia judicial se centra en las modificaciones previstas para el histórico estadio ubicado en el microcentro porteño, declarado bien integrante del patrimonio cultural de la Ciudad. Los demandantes sostienen que el proyecto de remodelación podría afectar ese carácter y reclaman que se suspenda el proceso administrativo hasta que se evalúen integralmente los impactos patrimoniales y ambientales.
En su dictamen, la fiscal Monti consideró procedente la ampliación de la demanda presentada por la parte actora el 12 de febrero de este año.
Si bien la normativa procesal local no regula de manera expresa esta figura, la fiscal recordó que tampoco la prohíbe y que la jurisprudencia admite su aplicación tomando como referencia el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
En ese sentido, señaló que el artículo 331 de ese código permite modificar la demanda antes de su notificación. Dado que ese paso aún no se produjo en el expediente, concluyó que no existe impedimento para aceptar la ampliación planteada por los demandantes.
La presentación había incorporado nuevos argumentos vinculados principalmente al impacto ambiental y acústico del proyecto, además de pedidos de información adicional al Gobierno de la Ciudad.
Entre los nuevos elementos introducidos en la causa figura un informe de evaluación de impacto acústico elaborado por el profesional Eduardo Tomasini.
Según la presentación de los actores, el estudio indicaría que las soluciones previstas para la insonorización del estadio resultarían insuficientes y podrían generar niveles de ruido superiores a los permitidos por la normativa vigente.
En particular, se sostiene que en la cubierta del edificio y en el frente sobre la avenida Madero el ruido exterior podría superar entre un 30% y un 40% los límites establecidos, lo que, a criterio de los demandantes, implicaría un impacto ambiental “preocupante y gravoso”.
Por ese motivo solicitaron que el tribunal requiera al Gobierno porteño documentación adicional, entre ella el acuerdo de locación, inversión y explotación del estadio, la nueva evaluación acústica, el plan de insonorización del techo y la identificación del proveedor contratado para ese sistema.
También pidieron que se disponga una inspección ocular en el edificio.
A pesar de admitir la ampliación de la demanda, el dictamen fiscal mantiene la postura ya expresada en intervenciones anteriores respecto de la medida cautelar solicitada.
Los demandantes habían pedido que se suspenda la disposición administrativa que habilita el procedimiento urbanístico y la tramitación del expediente correspondiente hasta que exista una sentencia definitiva en la causa.
Sin embargo, la fiscal Monti sostuvo que los elementos incorporados recientemente al expediente no modifican el análisis realizado previamente por el Ministerio Público. Por ese motivo, reiteró su recomendación de rechazar la medida cautelar.
El dictamen recuerda además que aún no existe un Certificado de Aptitud Ambiental definitivo vinculado a la modificación y ampliación del estadio. En ese contexto, señaló que pronunciarse ahora sobre las objeciones técnicas sería prematuro.
