El constitucionalista Andrés Gil Domínguez realizó una nueva presentación ante la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la causa que busca proteger el valor patrimonial, urbanístico y ambiental del Estadio Luna Park. Antes de que se resuelva la medida cautelar solicitada, pidió que se requiera al Gobierno porteño el envío de documentación clave vinculada al proyecto que afecta al histórico estadio.
La presentación fue realizada en el expediente “Gil Domínguez, Andrés Favio c/ GCBA s/ amparo–patrimonio cultural histórico” (Expediente Nº 250240-9/2025-2), donde el abogado actúa en representación colectiva del bien colectivo indivisible del ambiente urbano y del patrimonio arquitectónico de la Ciudad.
En su escrito, Gil Domínguez solicitó que, de manera previa a cualquier decisión judicial, se intime al GCBA a remitir la totalidad de las actuaciones administrativas vinculadas a la medida precautelar dictada, en particular aquellas relacionadas con observaciones técnicas sobre inconsistencias detectadas en planos referidos a la demolición del estadio. Dichas actuaciones corresponden a requerimientos realizados en octubre y noviembre de 2025 dentro de un expediente tramitado ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Además, reclamó el envío completo del expediente administrativo mediante el cual se habría otorgado en abril de 2025 el Certificado de Aptitud Ambiental del Luna Park. Según surge de documentación ya incorporada a la causa, el estadio habría operado durante 2023 y 2024 con dicho certificado vencido, lo que podría configurar una irregularidad administrativa de gravedad.
Otro de los puntos centrales del pedido es la remisión del nuevo Estudio de Impacto Acústico exigido por la Agencia de Protección Ambiental porteña. El plazo de 60 días otorgado para su presentación se encontraría vencido, sin que hasta el momento se haya acreditado su cumplimiento ni las eventuales modificaciones introducidas al proyecto para adecuarlo a la normativa vigente.
Finalmente, Gil Domínguez solicitó que, una vez recibida toda la documentación requerida, se ordene una nueva vista al Ministerio Público Fiscal para que revise el dictamen previamente emitido, a la luz de la información completa.
La causa se inscribe en una creciente controversia pública y judicial sobre el destino del Luna Park, uno de los íconos culturales y deportivos más relevantes de la Ciudad de Buenos Aires, y pone nuevamente bajo la lupa el accionar del Gobierno porteño en materia de protección del patrimonio histórico.
