El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, vetó tres leyes aprobadas recientemente por la Legislatura porteña, todas ellas relacionadas con políticas públicas sensibles en materia de niñez, adolescencia y salud mental.
Las decisiones fueron formalizadas a través de decretos del Poder Ejecutivo y alcanzan tanto vetos totales como parciales sobre los textos sancionados.
El primer veto recayó sobre la ley que proponía fortalecer los mecanismos de comunicación directa entre el Estado porteño y niñas, niños y adolescentes que atraviesen situaciones de vulnerabilidad, dudas o conflictos.
La norma tenía como eje la creación de los denominados “Puntos de Encuentro Seguros para Niñas, Niños y Adolescentes”, concebidos como espacios cerrados equipados con dispositivos tecnológicos táctiles, de uso sencillo y accesible desde los primeros años de edad escolar. Estos puntos permitirían el contacto directo con la Línea 102, dependiente del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, organismo que además había sido designado como autoridad de aplicación.
La iniciativa buscaba acercar una herramienta concreta para que chicos y chicas pudieran pedir ayuda de manera directa y autónoma ante distintas situaciones que afectaran sus derechos.
El segundo veto fue parcial y alcanzó artículos clave de la ley que disponía la realización de un estudio epidemiológico extraordinario de salud mental en todo el territorio de la Ciudad.
La norma establecía relevar información actualizada sobre padecimientos mentales tanto en población adulta como en infancias y adolescencias, en el contexto posterior a la pandemia de COVID-19, incorporando además el análisis de determinantes sociales, económicos, políticos y culturales.
Jorge Macri los artículos 4, 5 y 7, que preveían la creación de una Comisión Especial para llevar adelante el estudio, integrada por asociaciones profesionales, colectivos de usuarios de servicios de salud mental, organizaciones sociales y ámbitos académicos, y fijaban el plazo para su convocatoria. El resto de la ley, que define el marco conceptual y los objetivos generales del relevamiento, quedó vigente.
El tercer veto se aplicó sobre una ley de amplio alcance que establecía estándares de calidad del cuidado para hogares de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, tanto de gestión pública como privada. A través de un decreto, el jefe de Gobierno vetó los artículos 8°, 9°, 10, 11, 13, 28, 29, 30, 32 y 33 del proyecto de Ley 6.900, sancionado el 27 de noviembre de 2025.
Los artículos vetados incluían funciones centrales de la autoridad de aplicación, modificaciones al Código de Habilitaciones y Verificaciones y al Código de Edificación, requisitos de personal, condiciones de seguridad, acceso a sistemas de información como el LUNNA, además de aspectos presupuestarios, de financiamiento y plazos de ejecución.
La ley buscaba fijar un marco integral de derechos, obligaciones del Estado y estándares de calidad del cuidado, con principios rectores como el interés superior del niño, la participación, la autonomía progresiva y la no discriminación.
También establecía pautas detalladas sobre salud, educación, alimentación, identidad, vínculos familiares, formación del personal, condiciones edilicias y mecanismos de supervisión y sanción. Con el veto parcial, quedaron excluidos del texto definitivo varios de los artículos que implicaban mayores compromisos operativos, regulatorios y presupuestarios para el Gobierno porteño.
Con estos vetos, el Ejecutivo porteño dejó sin efecto o acotó significativamente tres iniciativas legislativas que habían sido aprobadas por la Legislatura, reabriendo el debate político sobre el alcance de las políticas públicas en áreas sensibles y el rol del Estado en la protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes y en la planificación de la salud mental en la Ciudad.
Desde el Gobierno porteño se argumentó que las leyes vetadas invaden o duplican competencias propias del Poder Ejecutivo, al crear comisiones, consejos u órganos paralelos que interfieren con funciones que la Constitución de la Ciudad y la normativa vigente ya asignan a ministerios y áreas técnicas específicas.
Según explicaron desde la sede de Gobierno local, este tipo de iniciativas fragmenta la toma de decisiones, superpone responsabilidades y diluye las líneas de conducción, generando más ruido institucional y menos claridad en la rendición de cuentas y en la ejecución de las políticas públicas.
Asimismo, señalaron que los proyectos carecen de viabilidad técnica o presupuestaria, ya que establecen estándares, estructuras y obligaciones sin un sustento metodológico sólido ni un esquema de financiamiento definido.
Y advirtieron que varias de las disposiciones desconocen las realidades operativas existentes en el sistema porteño, lo que podría derivar en normas de difícil o imposible implementación y, en lugar de fortalecer las políticas públicas, terminar afectando su eficacia y sostenibilidad en el tiempo.
