El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, vetó parcialmente la Ley 6.859 sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que buscaba consolidar un enfoque metropolitano en el diseño de las políticas públicas.
La decisión dejó sin efecto el artículo que creaba el Consejo Consultivo Metropolitano, un órgano de participación ciudadana previsto como espacio honorario de asesoramiento, pero mantuvo vigente el resto del articulado aprobado por los legisladores.
La norma había sido sancionada el 27 de noviembre de 2025 y girada al Poder Ejecutivo el 11 de diciembre, en el marco del procedimiento constitucional para la formación de las leyes.
El proyecto establecía los lineamientos de la política metropolitana de la Ciudad con el objetivo de promover políticas públicas comunes con la Provincia de Buenos Aires y los municipios que integran la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), abarcando desde la coordinación interjurisdiccional hasta la sostenibilidad ambiental, la equidad social y la innovación en la gestión pública.
Sin embargo, a través del decreto publicado en el Boletín Oficial porteño el 30 de diciembre, el Ejecutivo resolvió vetar el artículo 8°, que disponía la creación del Consejo Consultivo Metropolitano.
En los fundamentos del veto, el Gobierno porteño sostuvo que, si bien la ley presenta condiciones generales de viabilidad técnica, jurídica y de oportunidad, la creación de ese órgano implicaba una superposición de funciones con estructuras ya existentes dentro de la administración.
Según el texto del decreto, las acciones previstas para el Consejo guardaban una vinculación directa con competencias que ya están asignadas a distintas reparticiones del Poder Ejecutivo, por lo que no se consideró necesaria la creación de una nueva estructura organizativa.
El Ejecutivo advirtió que, aun cuando el Consejo estaba concebido como honorario, la experiencia administrativa demuestra que este tipo de organismos suele requerir recursos humanos, financieros y materiales para su funcionamiento, generando un impacto presupuestario que calificó como innecesario.
En esa línea, el Gobierno de la Ciudad argumentó que ya cuenta con áreas consolidadas y normativamente reconocidas para canalizar la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas y la articulación interjurisdiccional. Entre ellas, mencionó las dependencias con competencias en participación ciudadana, gobierno abierto, planificación estratégica y coordinación con otras jurisdicciones, que actúan de manera transversal y permiten —según el Ejecutivo— garantizar una participación efectiva sin necesidad de crear nuevos órganos consultivos.
El decreto también señala que la creación del Consejo Consultivo Metropolitano podría derivar en una dispersión de esfuerzos, fragmentación de los canales de participación y una menor incidencia real de la ciudadanía en la toma de decisiones, al replicar funciones ya cubiertas por mecanismos vigentes. Por ese motivo, el Ejecutivo consideró que el artículo vetado atentaba contra el principio de eficiencia administrativa y el uso racional de los recursos públicos.
Pese al veto parcial, el Gobierno porteño valoró positivamente el espíritu general de la iniciativa legislativa, orientada a fortalecer la política metropolitana de la Ciudad.
De hecho, el resto de la ley quedó firme y establece principios rectores como la integración territorial, la coordinación interjurisdiccional con Nación, Provincia y municipios, la sostenibilidad ambiental, la equidad social, la transparencia y la innovación. También prevé la generación de un sistema de información metropolitana con indicadores comunes y el impulso de convenios de cooperación normativa con otras legislaturas de la región.
El decreto, refrendado por el ministro de Justicia y el jefe de Gabinete de Ministros, dispuso además la remisión del veto parcial a la Legislatura porteña, conforme a lo establecido en el artículo 88 de la Constitución local.
