Un proyecto presentado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires propone modificar el Reglamento Interno para la creación de la Comisión de Asuntos Metropolitanos y Relaciones Interjurisdiccionales, con el objetivo de dar un marco específico y permanente a los debates vinculados a la coordinación de políticas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La iniciativa plantea adicionar la temática a la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales, ampliando y redefiniendo sus competencias.
Según el articulado, corresponderá a la nueva comisión dictaminar sobre “todo asunto vinculado a la coordinación de políticas para la Región Metropolitana de Buenos Aires, con los distintos niveles de gobierno involucrados en la misma”.
Además, tendrá a su cargo fomentar los vínculos de la Legislatura porteña con organismos legislativos del resto del país, del extranjero y con instituciones internacionales, así como dictaminar como cabecera en lo relativo a convenios interjurisdiccionales y asuntos metropolitanos.
En los fundamentos del proyecto se explica que la modificación responde a un contexto global en el que las grandes ciudades y las metrópolis se han convertido en actores centrales de la vida política, social y económica. “Hace algunas décadas que la teoría política nos habla de un mundo de ciudades, y no nos equivocamos si afirmamos que en un futuro cercano estaremos hablando de un mundo de metrópolis”, señala el texto.
Las proyecciones demográficas respaldan esa visión: para 2050 se estima que más del 75% de la población mundial vivirá en ciudades y cerca del 40% lo hará en áreas metropolitanas. Se trata de conglomerados urbanos cuyo crecimiento territorial es tres veces superior al aumento de la población que albergan, lo que genera desafíos de gestión cada vez más complejos.
En ese marco, distintas corrientes académicas y de gestión urbana —desde Elinor Ostrom hasta autores como Wood, Sharpe, Klink o Lefèvre— han planteado alternativas de gobernanza metropolitana, que van desde la constitución de unidades político-administrativas, como ocurrió en Londres, hasta mecanismos de coordinación interjurisdiccional más flexibles.
La iniciativa subraya que en la Región Metropolitana de Buenos Aires, que concentra a más de 15 millones de habitantes y abarca 40 municipios además de la Ciudad, las experiencias de cooperación fueron mayormente sectoriales y fragmentarias.
“Los problemas de contaminación, residuos sólidos urbanos, seguridad, empleo y transporte cruzan jurisdicciones y no pueden resolverse con respuestas exclusivamente locales, contradictorias o aisladas”, advierte el proyecto.
A ello se suman las marcadas desigualdades de recursos, capacidades estatales y realidades sociales entre los distintos distritos que componen el AMBA, lo que convierte a la región en una de las más desiguales de América Latina. “Por eso resulta imprescindible avanzar en consensos entre los distintos niveles de gobierno involucrados”, sostiene la propuesta.
El texto también recuerda algunos antecedentes de políticas metropolitanas en las últimas décadas. Entre ellas, la creación en 2016 de la Comisión Consultiva del Área Metropolitana de Buenos Aires (COCAMBA), cuyo fin fue proponer medidas para favorecer la coordinación entre jurisdicciones y elaborar propuestas de innovación institucional para la región.
Asimismo, se menciona el trabajo del Gabinete Metropolitano, que permitió avances concretos como la puesta en marcha del Anillo Digital de Seguridad —un sistema de monitoreo vehicular que une a la Ciudad y a la Provincia— y la asistencia técnica para la implementación del servicio de emergencias médicas SAME en municipios bonaerenses.
De manera más reciente, tanto el Gobierno de la Ciudad como el de la Provincia de Buenos Aires crearon subsecretarías específicas para atender la coordinación de políticas en el AMBA y fomentar una identidad metropolitana.
La comisión, de aprobarse, se sumará a las 27 comisiones permanentes que actualmente integran la Legislatura, y tendrá la posibilidad de recibir proyectos específicos, emitir dictámenes, realizar reuniones conjuntas y convocar audiencias públicas sobre cuestiones de impacto metropolitano.
El proyecto concluye con un llamado a anticipar los debates del futuro: “Adecuar la temática de una de nuestras comisiones permanentes permitirá centrar la discusión en la cuestión metropolitana, que sin lugar a dudas será protagonista de la agenda legislativa en las próximas décadas”.
