Expertos en la materia participación de una nueva reunión en la Legislatura porteña para brindar su aporte en el marco del debate por los proyectos que plantean la creación de un sistema penitenciario propio en la Ciudad de Buenos Aires.
En ese caso fue una jornada convocada por las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia, Seguridad y Legislación del Trabajo que congregó diputados, funcionarios de Ciudad y Nación, junto a especialistas.
Puntualmente, la propuesta del oficialismo contempla la creación del Sistema Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como una institución civil, armada y jerarquizada, bajo la órbita del Poder Ejecutivo y con dependencia directa del Ministerio de Justicia. Y con la función principal de la custodia, guarda y tratamiento de personas detenidas, imputadas o condenadas por la Justicia porteña.
Indica que será el Instituto Superior de Seguridad Pública el órgano rector a cargo de la formación y capacitación permanente del personal penitenciario, “con especial énfasis en la diferenciación de funciones entre seguridad, tratamiento y rehabilitación”.
Entre los ejes que se destacan como novedad está la chance de que sean entidades privadas participen en la construcción y administración de establecimientos penitenciarios, siempre bajo regulación y control estatal. Este modelo de gestión público-privada se inspira en experiencias exitosas aplicadas en países como Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Chile y Perú.
El proyecto se organiza en cinco títulos y más de una docena de capítulos, en los cuales abordan desde la estructura administrativa hasta los derechos y obligaciones del personal. Entre los criterios de ingreso al cuerpo penitenciario se fijan exigencias estrictas de idoneidad e integridad, y deja excluidas personas con antecedentes penales, causas abiertas por violaciones a los derechos humanos, o sanciones disciplinarias previas en organismos del Estado.
Esta tarde, en la Legislatura porteña la Comisión de Justicia, presidida por Inés Parry, junto a las comisiones de Seguridad, a cargo de Gimena Villafruela, Legislación del Trabajo, presidida por Matías Barroetaveña y Asuntos Constitucionales, presidida por Hernán Reyes, realizaron una reunión conjunta donde participaron distintos especialistas para dar sus puntos de vista sobre los proyectos al respecto.
Además de los legisladores que integran las comisiones involucradas, se hicieron presentes funcionarios de las áreas de Seguridad y de Justicia del poder Ejecutivo porteño que tienen vinculación a la temática, como Leandro Halperín, subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios y Adrián Patricio Grassi, subsecretario de Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia de CABA. También expusieron Marta Monclús Masó, directora del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación; Gabriela Gusis, docente e investigadora en Derecho Penal y Criminología; Carla Cavalieri, vicepresidenta 2ª de la Cámara de Casación, Apelación Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas; Eduardo Villalba, especialista en Seguridad; Gerónimo Vega, de la Asociación de Pensamiento Penal; y Manuel Truffó, doctor en Ciencias Sociales y director del Área de Justicia del CELS.
Durante el desarrollo de la jornada, los expertos plantearon diversas perspectivas a considerar, dado que se trata de la creación de un sistema penitenciario que nacerá desde cero, lo que exige, según coincidieron, una ley precisa para evitar arbitrariedades o diferentes interpretaciones por parte de jueces, donde el objetivo central debe estar puesto en la resocialización, con énfasis en la capacitación y el trabajo.
Entre los temas abordados se destacó la importancia de la participación de las víctimas, la agilización de procesos a través de la oralidad, el uso mínimo del encierro y la promoción de alternativas a la prisión. Subrayaron, además, la necesidad de sentar las bases para una política postpenitenciaria orientada a evitar la reincidencia, especialmente a través de la reinserción social.
