En una medida clave para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, la Comisión de Justicia de la Legislatura emitió dictamen que busca modificar la Ley 269 para ampliar las herramientas legales que faciliten el cobro de deudas alimentarias, promoviendo un sistema más eficiente y justo.
La presidenta de la Comisión, Inés Parry, destacó que el 98% de las personas afectadas por la falta de pago de cuotas alimentarias son mujeres, y de ese grupo, el 68% se encuentra por debajo de la línea de pobreza.
La reforma no busca atacar los ingresos de los deudores, sino que apunta a sus gastos, priorizando las necesidades de los hijos frente a gastos superfluos como actividades recreativas. Así como hacer solidariamente responsables a empleadores que oculten a deudores.
El Registro Público de Alimentantes Morosos, que este año cumple 25 años, requiere una actualización para cumplir su función de manera más efectiva. Esta reforma introduce nuevas restricciones y obligaciones para los deudores, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria, que según la legislación vigente comprende la manutención, educación, salud, vestimenta y esparcimiento de los hijos/as.
Estará bajo la órbita de la Secretaría de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este registro llevará un listado de las personas que adeuden total o parcialmente dos cuotas alimentarias consecutivas o alternadas en un mismo año calendario, sean estas alimentos provisorios o definitivos, homologados o fijados por sentencia firme.
