La legisladora porteña Graciela Ocaña cuestionó hoy la decisión del PRO de bloquear una propuesta para que el Gobierno de Jorge Macri rinda cuentas respecto de cómo utilizará los fondos aprobados por el Parlamento para financiar la adquisición de equipamientos para el sector de la salud por USD 85 millones.
“No se entiende porque el PRO, que defendió recientemente el acceso a la información pública, pone restricciones en donde les toca gobernar”, dijo en declaraciones vertidas a la prensa acreditada en la Legislatura.
La legisladora que preside el bloque de Confianza Pública salió al cruce del rechazo de la bancada del PRO a una propuesta destinada a controlar los recursos que fueron aprobados en la sesión ordinaria para inversión en políticas sanitarias.
En rigor, los legisladores sancionaron una autorización al Poder Ejecutivo a tomar créditos para “el desarrollo de una agenda digital estratégica en salud y la adquisición e instalación de equipamiento de diagnóstico por imágenes para la red de servicios públicos de salud de la Ciudad”.
La ley, que tuvo 54 votos afirmativos y sólo 3 negativos, establece que el financiamiento sea de hasta USD 85 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo.
Ocaña planteó, antes de la aprobación, incorporar un artículo destinado a fijar la obligatoriedad al Ministerio de Salud de enviar a la Legislatura un informe trimestral con los datos respecto de la ejecución del préstamo.
“Es una cifra importante para invertir y lo que remarqué fue la necesidad de contar con esos informes para saber en qué se utilizan los recursos”, explicó y remarcó que “obviamente la Legislatura tiene la responsabilidad de saber en qué se gastan y si van a generar una mejor calidad de salud o para otro lado”.
Según detalló, desde la administración de Macri habían indicado que del total del financiamiento otorgado por USD 85 millones, un 60% iba a destinarse a la compra de equipos para dotar a centros asistenciales en el servicio de diagnóstico por imágenes.
“Nos sorprendimos mucho cuando hicimos una valuación del equipamiento porque la cifra que calculamos ronda los USD 21 millones”, dijo y agregó que “por eso planteamos la posibilidad de sumar este artículo” que, finalmente, no llegó a incorporarse al texto aprobado.
