Este mediodía se reunió la comisión de Relaciones Interjurisdiccionales para tratar el acta firmada entre el Gobierno porteño y el nacional para la transferencia del servicio del transporte público al ámbito capitalino.
El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la comisión Lucio Lapeña (UCR Evolución) y contó con la presencia del ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, junto a otros funcionarios.
Puntualmente, el entendimiento alcanzado entre el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 3 de septiembre contempla el traspaso de la competencia exclusiva para regular, controlar y fiscalizar el servicio público de transporte automotor de pasajeros que opera dentro de su jurisdicción. Esto incluye la fijación de tarifas, la planificación de los servicios y la concesión de permisos.
El acuerdo tiene como objetivo cumplir con la Ley Nacional 26.740, que reconoce la autonomía de la Ciudad para gestionar estos servicios. Se establece un periodo de transición para la implementación total de las competencias, así como la colaboración entre las partes mediante convenios específicos.
Por su parte, el Estado Nacional se compromete a continuar con la asistencia a los servicios públicos de transporte a través del pago de las compensaciones denominadas “Atributo Social”, contemplado en la Resolución Nacional 651/15 del entonces Ministerio del Interior y Transporte de la Nación y 521/16 del entonces Ministerio de Transporte de la Nación, así como el pago de las Comisiones SUBE que se generasen por la aplicación del Decreto Nacional 84/09.
Al inicio de la reunión, Tapia aseguró que este acta “requiere de la ratificación de esta Legislatura” y señaló que representa “un puntapie inicial” para “seguir profundizando las transferencias en materia de autonomía que después de 30 años siguen estando pendientes”.
“El jefe de Gobierno, Jorge Macri, desde el primer día que asumió fijó como uno de sus ejes prioritarios de gestión el reclamo por las transferencias pendientes”. “Por suerte, nos encontramos con un Gobierno nacional que está de acuerdo con cumplir con la letra de la Constitución”.
Por último, el funcionario admitió que “hay que repensar todo el sistema de transporte de la Ciudad de una manera integral”.
En tanto, los legisladores Graciela Ocaña y Matías Lammens manifestaron el respaldo al acuerdo en pos de la autonomía porteña, pero expresaron la preocupación por el impacto presupuestario que provocará la transferencia de la competencia.
