La demanda promovida por el INADI contra la línea
gratuita creada por el Ministerio de Educación porteño para denunciar
intromisión política en escuelas, tuvo su sentencia de fondo. El amparo no
prosperó. En la resolución se estableció que no existe un caso concreto y que
“no se encuentra acreditado” que la línea telefónica del Gobierno local
discrimine.
Según consignó el Sistema de Difusión Judicial del Consejo
de la Magistratura porteño, en su demanda, el INADI solicitó la declaración de
invalidez del 0800 y su cese ya que “resulta violatoria de los derechos humanos
de libertad de expresión y de participación política de los alumnos, permitiría
un potencial empleo para recabar información sobre la opinión política de los
docentes, directivos y alumnos de dichos establecimientos, y amenaza de forma
inminente el principio de no discriminación”.
Sin embargo, la jueza Lidia Lago consideró que
“atento la generalidad y abstracción del planteo efectuado por la actora y toda
vez que el agravio resulta hipotético” no existe un caso en concreto y, por lo
tanto, “no se observa actividad manifiestamente ilegítima por parte de la
administración”.
