La justicia porteña hizo lugar a una demanda
iniciada por una travesti a raíz de la violencia institucional padecida en sus
más de 60 años vida.
El juez Víctor Trionfetti condenó al Gobierno
porteño a abonar a la demandante un pago mensual equivalente a un salario
mínimo vital y móvil (4716 pesos) por incumplir con sus obligaciones
convencionales y constitucionales para hacer efectivo los derechos a la vida
digna e identidad de género, según informó el Sistema de Difusión Judicial del
Consejo de la Magistratura porteño.
En la sentencia, el magistrado afirmó que “el GCBA
incumplió obligaciones convencionales y constitucionales por omisión para hacer
efectivo los derechos a la vida digna, identidad de género, autonomía y otros
derechos fundamentales”, y, tras reconocer que “el obligado convencional de dar
garantía efectiva a los derechos fundamentales es el Estado y ello incluye al
Poder Judicial”, condenó al gobierno porteño “a abonar en forma mensual a la
actora, una prestación dineraria equivalente a un salario mínimo vital y móvil”
(4716 pesos) a fin de brindarle contención económica a la demandante.
“La discriminación que sufrió la Sra. G. no ha sido
sólo laboral, educativa, etc. Abarca una zona de mayor densidad. La actora
sufrió y sufre una discriminación existencial. Los ultrajes y estigmatizaciones
padecidos han sido múltiples, continuos y han asfixiado su ser desde siempre.
Su derecho a obtener una contención, por vía de la tutela jurisdiccional, es
nítido ante la omisión del Estado en permitirle transcurrir el resto de sus
años con un mínimo de dignidad”, subraya el magistrado en las conclusiones de
su resolución.
