Lo decidió el juez
porteño Carlos Bentolila en la causa que los tenía como imputados por infringir
el Régimen de Faltas, tras el levantamiento de molinetes en la estación
Constitución de la línea C, ocurrido el 27 de febrero de 2014, consignó el
Sistema de Difusión del Consejo de la Magistratura porteño.
Según se informó, el
magistrado consideró que no se probó
impedimento alguno en la prestación del servicio, obstrucción al paso de los
pasajeros ni obstaculización a quienes deseaban abonar el pasaje.
La audiencia de juicio
comenzó el 10 de febrero pasadas las 11 de la mañana y contó con la declaración
de cinco testigos presentados por la defensa. Luego de ello, dos de los
imputados hicieron uso de la palabra.
El dirigente gremial
Claudio Dellecarbonara manifestó que la protesta de la cual devenían los cargos
que se le atribuían a él y sus compañeros “era una causa justa dentro del
derecho constitucional”. “No hemos infringido ninguna ley, ni hemos cometido
ningún delito”, aseguró. Al mismo tiempo, agregó que “no hubo coerción hacia
los usuarios, ni molinetes obstruidos”, argumentando que los mismos “estaban
prendidos y todos los que querían pagar, lo podían hacer”.
Tras estas
declaraciones y un cuarto intermedio de media hora, la audiencia retomó su
curso con la presentación de los alegatos de ambas partes. La fiscal María del
Carmen Giocco solicitó que se aplique a los imputados el monto máximo de 3.400
unidades fijas, al manifestar que las pruebas presentadas evidenciaban que se
logró “impedir, estorbar y entorpecer la recaudación” con la colocación de
cartelería en la zona de molinetes de acceso al andén.
