La justicia porteña declaró incumplida la medida
cautelar dispuesta por la Cámara de Apelaciones y dispuso que los usuarios
estén exentos de abonar la tarifa, al ingresar o egresar, si alguna de las
instalaciones mecánicas se encuentra fuera de funcionamiento
Así lo informó IJudicial que precisó que el titular
del juzgado 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Andrés Gallardo,
declaró incumplida la medida cautelar resuelta por la Cámara de Apelaciones en
lo que respecta al “regular funcionamiento de los ascensores y escaleras
mecánicas” y dispuso que todo usuario del subterráneo que al ingresar o egresar
de una estación observe que alguna de las instalaciones mecánicas (escaleras
mecánicas, ascensores y/o salvaescaleras) se encuentre en ese momento fuera de
funcionamiento, se encontrará exento de abonar la tarifa correspondiente al
servicio regular.
Además, ordenó que, en el supuesto de verificarse
tal situación, Metrovías SA deberá arbitrar las medidas necesarias para que en
la estación que se trate no se cobre a los usuarios al ingresar la tarifa
correspondiente al servicio regular, mientras persista el desperfecto. En el
supuesto de que el usuario lo verificare al egreso, podrá acercarse a la
boletería que se encuentre en la estación de que se trate y el personal de
Metrovías SA deberá arbitrar los medios necesarios para reintegrar el importe
en la tarjeta SUBE que el usuario abonó oportunamente por su viaje.
En la sentencia, recordó que, aún luego de que el
pasado 13 de agosto de 2018, la Cámara resolviera cautelarmente, entre otros
puntos, que “Metrovías SA acredite en el plazo de diez días, ante el juez de
grado el regular funcionamiento de los ascensores y escaleras mecánicas”, en la
última inspección -el 7 de febrero de 2019- se verificaron 51 medios de
accesibilidad sin operatividad, habiendo descontado ya los supuestos ajenos a
la responsabilidad de Metrovías SA.
“Tal es el marco involutivo en que nos encontramos.
Pareciera que pese a haber transcurrido más de dos años del inicio de la causa,
las decisiones jurisdiccionales, las sanciones conminatorias, las necesidades
de los usuarios, y las obligaciones contractualmente asumidas por el operador
del servicio de transporte, Metrovías SA resultaría desinteresada en asegurar
un eficaz funcionamiento de los ascensores y de las escaleras mecánicas
instaladas en las estaciones de subterráneo”, expresó el juez.
Por un lado, señaló que, de parte de Metrovías SA
“pareciera no existir una real intención de mejorar progresivamente la
situación descripta”, ya que “con el correr de los meses en nada se ha mejorado
y las deficiencias persisten”. “Por otra parte, una vez más resulta necesario
recordar que lo que aquí se busca no es satisfacer un capricho jurisdiccional,
sino la efectiva utilización del servicio de transporte subterráneo por parte de
los usuarios, actuales y eventuales, particularmente por parte de aquéllos que
padecen o podrían padecer discapacidades motrices o movilidad reducida”,
destacó el titular del juzgado 2.
Por último, afirmó que la decisión “alcanzará a todo
usuario sin distingo en sus capacidades motrices”. “Pues por un lado si bien
puede considerarse que los medios mecánicos de accesibilidad son de uso
prioritario de aquéllos mermados en su desplazamiento, no es exclusivo”,
explicó. “Así podrá pensarse en personas que se vean afectadas por una
enfermedad permanente o transitoria, ancianas y ancianos, personas que se
trasladen con niños, sujetos con lesiones temporáneas, etc.”, concluyó.
El magistrado ordenó además tanto a Metrovías SA,
como a SBASE difundir lo resuelto, para lo cual deberán fijar en cada boletería
de toda la red el aviso que se confeccionará por Secretaría, tanto en su
formato, contenido y tamaño; y publicar el mismo aviso por el plazo de tres
días en un cuarto de página impar, a partir del 18/02/2019, en los diarios
Clarín, La Nación y Página 12, tanto en formato papel como en sus versiones on
line, bajo apercibimiento de embargo y de ejecución forzada.
No es la primera vez que el magistrado se pronuncia
respecto a las deficiencias en los accesos para discapacitados: en octubre de
2018 le impuso una millonaria multa a la empresa de transporte.