La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó una ley que dispone amplias modificaciones al Código Procesal Penal con el propósito de "afrontar eficazmente la transferencia de delitos de competencia nacional a la órbita de la justicia local", tal como fundamentaron las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales al dictaminar sobre el proyecto originado en la Jefatura de Gobierno.
La ley consta de 68 artículos normativos y uno de forma que actualizan el Código en el cual deben basarse los jueces, fiscales y abogados para el desarrollo y la tramitación de las causas. Se votó un despacho de mayoría de las dos comisiones legislativas intervinientes, respaldado solo por el oficialismo de Vamos Juntos. La oposición de Unidad Ciudadana, Bloque Peronista y Partido Socialista emitió dictamen en minoría proponiendo la vuelta a comisión para continuar la discusión del proyecto en ese ámbito. Los demás bloques opositores, en el recinto, también pidieron la vuelta a comisión.
El proyecto de ley finalmente sobre 58 legisladores presentes se aprobó por 34 votos afirmativos del bloque oficialista y 24 negativos de todas las demás bancadas.
El legislador Daniel Presti (VJ) fue el miembro informante como presidente de la Comisión de Justicia y explicó los alcances de proyecto. Después de las críticas de todo el arco opositor, el propio diputado cerró la lista de oradores y refutó los cuestionamientos.
"Nosotros en las comisiones siempre hemos buscado el consenso, pero a veces hay una pared que impide llegar al consenso o hay otros aspectos que desconozco", señaló.
Presti también dirigiéndose a los diputados que alegaron no ser escuchados "no asisten a las reuniones" donde se tratan los proyectos. "Con esta ley no se vulnera ninguna garantía constitucional, sino todo lo contrario y se avanza para que la justicia tenga los elementos y las normativas adecuadas", aseveró.
Las posturas de los opositores fueron por la supuesta falta de atención a sus propuestas y de consulta a expertos no oficialistas, la necesidad de seguir analizando y discutiendo el texto de la norma, críticas a supuestas políticas represivas o criminalización de pobres y peticionantes y severos cuestionamientos o dudas sobre métodos nuevos de inteligencia criminal.
