La Defensoría del Pueblo de la Ciudad impulsó un
proyecto de ley para la instalación de medidores de agua en edificios nuevos,
con el objetivo de fomentar facturaciones más equitativas y colaborar con el
ahorro y el desarrollo sostenible de este recurso no renovable.
Este proyecto surge a raíz de la importancia que
tiene el agua en nuestras vidas, ya que representa un recurso natural esencial
para el goce de los derechos humanos y constituye a su vez un elemento
imprescindible que hace a la dignidad de las personas.
En ese marco, desde la Defensoría consideró
“indispensable adoptar medidas tendientes a evitar el derroche y a optimizar su
uso racional, sin que ello implique de ninguna manera privar o restringir
indebidamente su consumo”.
“Esta Defensoría del Pueblo advierte que en la
prestación actual del servicio, los métodos utilizados para calcular las
tarifas pueden mejorarse en pos de garantizar el acceso de todas las personas
al agua potable y el saneamiento, así como fomentar el consumo racional y
sustentable de la mano de una facturación razonable, más justa y equitativa”,
sostiene el texto.
Por otra parte, agrega que “resulta fundamental
tener en cuenta que medir y facturar el consumo de agua, en un contexto de
aumentos tarifarios, podría generar restricciones y limitaciones en el consumo
de determinados sectores de la población, situación que vulneraría los
principios de no regresividad y de progresividad en materia de Derechos
Humanos”.