La Legislatura porteña sancionó hoy la ley que
permite al Poder Ejecutivo "concesionar la prestación y explotación del
Sistema de Transporte Público en Bicicleta" en la Ciudad de Buenos Aires,
que seguirá siendo gratuito para los usuarios pero operado y mantenido por una
empresa privada.
La concesión se hará a través de la Secretaría de
Transporte (del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte), mediante llamado
a licitación pública para otorgar por 10 años la "prestación integral,
modernización, operación, mantenimiento y explotación" de este programa.
Se permitirá una prórroga del contrato por hasta 7 años.
El proyecto de la Jefatura de Gobierno de la CABA,
que pasó por audiencia pública, fundamenta "la necesidad de tender al
autofinanciamiento del sistema para una menor carga del erario público y sin
impacto económico para el usuario; la publicidad y el sponsoreo se erigen como
un mecanismo posible a ese fin", se sostuvo.
Uno de los artículos de la ley votada en segunda
lectura, establece que el sistema será gratuito para sus usuarios durante el
plazo de la concesión y otro ítem prevé la continuidad del personal que actualmente
opera el sistema estatal. Por otra parte, se definió un límite de 550 espacios
publicitarios que podrá implementar quien gane la concesión.
El artículo 5° de la ley dice que "el acceso al
Sistema de Transporte Público en Bicicleta y su uso en las condiciones
establecidas por la normativa correspondiente, será gratuito para sus usuarios
durante el plazo de la concesión".
En tanto, el artículo 4°, que refiere al pliego de
condiciones de la licitación, estipula en su inciso 4 la obligatoriedad del concesionario
de contratar al "personal técnico (...)
que se encuentre prestando servicios exclusivamente para el sistema de
transporte público en bicicleta al momento de iniciarse la concesión".
Una cláusula transitoria determina que las
bicicletas que actualmente están en uso y quedarán desafectadas del servicio
cuando empiece a operar el concesionario podrán ser distribuidas a escuelas
secundarias de la Ciudad para el uso por parte de los alumnos. Se calcula que
al menos son unas 2.500 unidades.
A último momento se incorporó un artículo a la ley
sancionada (el octavo) para atenuar los desequilibrios económicos y financieros
que pudiera provocar el nuevo sistema (que se financiará con publicidad
callejera) a las empresas concesionarias del mobiliario público destinado a
explotación publicitaria.
Para esas concesionarias de mobiliario público se
legisló que podrán otorgárseles prórrogas de sus contratos “por hasta un máximo
de 7 años”, cuya evaluación y requisitos definirá el Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, pero el mismo artículo exige que para ello los permisionarios
deberán “garantizar una adecuada renovación y actualización” de sus
prestaciones.
También se establecen otros supuestos en que las
prórrogas sólo serán de hasta 4 años. En todos los casos se refiere a
concesionarios de licitaciones públicas para la fabricación, instalación,
mantenimiento y conservación de los elementos del mobiliario urbano,
comprendidos en la Ley N° 468, modificada por la Ley N° 1083, ambas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Durante el debate en segunda lectura, hablaron los
diputados Cristina García (VJ), como miembro informante y presidenta de la
Comisión de Tránsito y Transporte; Myriam Bregman (PTS-FI), Gabriel Solano
(FIT), Marta Martínez (AyL), Silvia Gottero (BP), Marcelo Guouman (SUMA+), Roy
Cortina (PS), Carlos Tomada (UC) y Maximiliano Ferraro (VJ).
La ley quedó sancionada por 49 votos positivos de
los bloques Vamos Juntos, Unidad Ciudadana, Suma+ y Socialista; la oposición de
5 diputados de izquierda y la abstención de 3 legisladores del Bloque
Peronista.
