La
Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y
Tributario, integrada por el juez Carlos Balbín y la jueza Fabiana Schafrik, modificó
una medida cautelar y ordenó al GCBA y a la empresa Washington 2066 S.A. a que
“se abstengan de llevar adelante cualquier acción que implique afectar,
modificar o demoler el edificio” y a que “en los trámites administrativos que
se están llevando a cabo se garantice efectivamente la participación de los
accionantes”.
La
medida advierte que la realización de aquellas tareas que pudieran resultar
imprescindibles para evitar daños a terceros ajenos a este pleito, y a que en los trámites administrativos que
se están llevando a cabo (pedido de demolición; pedido de catalogación; y
cualquier otro que se inicie en relación con él) se garantice efectivamente la
participación de los accionantes, mediante el acceso a los expedientes y la
obligación de notificar fehacientemente a los actores las medidas, dictámenes,
decisiones y cualquier otra actividad relevante que se realice en tales
actuaciones administrativas por cualquiera de las partes. Todo esto en el marco
de la acción caratulada “Bonazzi, Solange Valeria y otros contra GCBA y otros
sobre Amparo”.
