La Legislatura porteña aprobó una ley
por la cual el Gobierno de la Ciudad deberá otorgar una solución
habitacional a más de 1300 familias que viven a orilla del
Riachuelo, sobre lo que se conoce como el Camino de Sirga. La
iniciativa de los diputados del PRO Karina Spalla y Cristian Ritondo
propone la relocalización de estas familias en cinco predios
destinados por la Ciudad para la construcción de nuevos complejos
habitacionales.
"Este es un avance muy importante
para estas 1300 familias de la Villa 21-24, que hoy viven en
condiciones de emergencia habitacional, sanitaria y social, de
acceder a su casa propia en condiciones dignas y sin ser
desarraigadas de su barrio, señaló Spalla, Presidenta de la
Comisión de Planeamiento Urbano y agregó que "fueron ellos
mismos quienes trabajaron junto al gobierno de la Ciudad, eligiendo
los terrenos donde ir a vivir".
En tanto, Ritondo destacó "esta
iniciativa fue elaborada pensando siempre en la mejora de la calidad
de vida de los habitantes del Camino de Sirga, ya que garantiza la
recomposición del ambiente en la cuenca en todos sus componentes, ya
sea agua, aire y suelos, así como la prevención de daños con
suficiente y razonable grado de predicción".
También señaló "debe destacarse
que la localización de todos estos predios, que conforman la
presente ley, cuentan con la aprobación de las familias que desean
relocalizarse en cercanías de los lugares que actualmente habitan,
tal como consta en las actas de las mesas de trabajo que
periódicamente realiza el Instituto de la Vivienda para mantener
informados a los vecinos del proceso de relocalizaciones". "El
acceso a la vivienda digna es una tarea que requiere la búsqueda
permanente del consenso", finalizó.
El proyecto se enmarca en lo
dictaminado por la Corte Suprema de Justicia en la Causa Mendoza y el
Plan Integral de Saneamiento Ambiental que contempla, entre sus
líneas de acción, la urbanización de villas y asentamientos
precarios.
En el marco de este acuerdo, el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se comprometió a
disponer de tierras fiscales y/o gestionar los acuerdos y/o
financiamiento para la adquisición de predios para la urbanización
de villas o asentamientos y/o casos de relocalización total o
parcial de población existente en las mismas condiciones de alto
riesgo ambiental.
