El proceso para la instalación de parquímetros
en nuevas zonas de la Ciudad de Buenos Aires quedará en stand by hasta tanto se
resuelva un planteo de inconstitucionalidad de la ley que aprobó la licitación
y explotación del nuevo esquema regulatorio para estacionamiento medido, según
informó el Sistema de Difusión Judicial del Consejo de la Magistratura porteño.
El juez Francisco Ferrer, titular del juzgado 23
en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, resolvió hacer lugar a una
medida cautelar que solicitaba la suspensión del llamado a licitación pública
nacional para la concesión del sistema de parquímetros en la Ciudad de Buenos
Aires.
En su resolución, el magistrado concedió la
medida requerida en el marco de una acción de amparo impulsada por una vecina
porteña, que planteó “la inconstitucionalidad de la ley 4888 que otorgó en
concesión el servicio de control del estacionamiento en los tramos de diversas
arterias de la Ciudad de Buenos Aires”.
En la acción de amparo, la actora sostuvo que la
normativa que habilitó el llamado a licitación para la concesión de servicio
público y la prestación de los servicios relacionados con el Sistema de
Estacionamiento Regulado en la Ciudad, colisiona con lo establecido en la ley
4003 que admite “el establecimiento de sectores tarifados” únicamente en
“arterias principales de las áreas céntricas, previa aprobación legislativa”.
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires se defendió del amparo al sostener que en calidad de habitante de la
Ciudad la vecina no ha podido demostrar que la concesión de dicho servicio
público produjera un “prejuicio personal, concreto y directo” sobre su persona.
Además, resaltó que con esta licitación se
podrían optimizar los controles vehiculares, desde el punto de vista de
tránsito y particularmente del estacionamiento urbano, y que “no se pretende
ejercer un acto de disposición de un inmueble de dominio público, sino
concesionar un servicio público como es el de la regulación y control del
tránsito de la Ciudad”.