El contador Alejandro Roberto Ameijenda, propuesto
por el Poder Ejecutivo, explicó sus antecedentes profesionales y el proyecto de
gestión, en caso de ser designado, ante los diputados de la Junta de Ética.
Ante los diputados que integran la Junta de Ética,
Acuerdos y Organismos de Control el contador Alejandro Roberto Ameijenda
explicó sus antecedentes profesionales y el proyecto de gestión que llevará
adelante en caso de producirse su designación.
Entre otros antecedentes Ameijenda recordó que desde
el año 2015 es Síndico General Adjunto y entre 2007 y 2015 fue Jefe de Gabinete
de la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad. Jefe de Despacho de la
Jefatura del Gobierno porteño (2009 a 2015), Director General de Relaciones con
la Comunidad de la Legislatura (2005 a 2007) y asesor del diputado MC Marcos
Peña (2003-2005). Además de desarrollar actividades profesionales privadas, el
candidato refirió experiencia docente en la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad de Buenos Aires - UBA, de donde se graduó como Contador Público
en el 2006.
Durante su exposición el candidato también explicó
que su proyecto de gestión, en caso de producirse la designación, tiene dos
ejes principales: la modernización del organismo, que implica, además del
traslado de las actuales dos localizaciones a un solo edificio para lograr un
trabajo más fluido, el objetivo de la eficiencia y transparencia; y por otro
lado se pretende continuar con las mejoras de los servicios a cargo a través de
un diálogo permanente y un trabajo profundo en equipo.
La reunión efectuada en el salón Presidente Perón
fue presidida por la titular de la Junta, diputada Paula Villalba (PRO).
Además, participaron los legisladores Carmen Polledo, Vicepresidente I; Daniel Presti
-presidente de la Comisión de Justicia; Christian Bauab, Lía Rueda (PRO) y
Hernán Arce (PS), presidente de la Comisión de Consumidores y Usuarios.
El Ente Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad, por el artículo 138 de la Constitución, es un organismo de control
instituido en el ámbito del Poder Ejecutivo, autárquico, con personería
jurídica, independencia funcional y legitimación procesal.
Ejerce el control, seguimiento y resguardo de la
calidad de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice
por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa
y protección de los derechos de los usuarios y consumidores, de la competencia
y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al
respecto.
