Un fallo judicial le ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
suspenda la construcción de un paso bajo nivel en la Avenida Balbín y las vías
del Ferrocarril Mitre, en el barrio de Saavedra, ante el reclamo de los vecinos
de la zona que se encontraban preocupados por la incidencia negativa que
tendría la obra sobre la ya complicada situación de inundaciones que padecen.
La resolución, firmada por el juez en lo contencioso administrativo y
tributario Roberto Gallardo, fue en respuesta a una acción de amparo iniciada
por vecinos de Saavedra, con el patrocinio de abogados de Nuevo Encuentro.
Los vecinos acompañaron su reclamo con un informe técnico de una
ingeniera hidráulica de la Universidad de Buenos Aires, en el cual se concluye
que la obra del túnel agravaría el ya colapsado sistema pluvial de Saavedra.
“Resulta inexplicable que en un barrio en donde murió gente a causa de
las inundaciones, el Gobierno de la Ciudad no haga las obras necesarias y, al
mismo tiempo, promueva estas obras estéticas, como el Metrobus y el túnel
ferroviario, que para los vecinos no resultan prioritarias”, expresó Mariano
Przybylski, militante de Nuevo Encuentro y abogado patrocinante de los vecinos.
“Con estas obras, no sólo el Gobierno no cumple con su obligación de
asegurar la vivienda digna y el ambiente sano a los vecinos de Saavedra sino
que agrava la situación existente”, agregó el abogado.
“En la audiencia pública en donde expusieron el proyecto del viaducto,
todos los vecinos presentes se manifestaron en contra y exigieron obras
pluviales. Sin embargo, el Gobierno de Macri no lo tuvo en cuenta y siguió
adelante con un proyecto resuelto desde un escritorio de la Jefatura de
Gobierno y a espaldas de la comunidad”, concluyó.
En su resolución, el juez Gallardo tomó como verosímiles las
afirmaciones de los vecinos y el informe técnico aportado, y afirmó que “se
encontraría acreditada en el caso la inminente afectación a los derechos
constitucionales invocados por los amparistas, a un hábitat adecuado, a la
salud integral, a un ambiente sano y a participar en la elección de las
prioridades presupuestarias del barrio”.
Por tal razón, ordenó requerirle al Gobierno de la Ciudad copia del
expediente administrativo en el cual se autorizó la obra cuestionada y su
correspondiente informe de impacto ambiental. Y hasta poder evaluar la
documentación pertinente, el magistrado dispuso la suspensión de “todos los
trabajos iniciados o a iniciarse en el lugar, así como la instalación de
obradores, maquinarias, y la realización de cualquier actividad o tarea
preparatoria de las obras”.
