La justicia local dió carácter colectivo a la acción de amparo interpuesta por varios vecinos contra
el Gobierno porteño y el Instituto de Vivienda de la
Ciudad, a fin de resguardar su derecho a la vivienda y a la salud integral al
quedar en situación de calle tras el incendio del pasado 20 de julio de 2017 en
el conventillo donde vivían en el barrio porteño de La Boca.
Según IJudicial, la titular del Juzgado en lo
Contencioso Administrativo y Tributario 6 de la Ciudad de Buenos Aires,
Patricia López Vergara resolvió, el pasado jueves 31 de agosto, otorgar
carácter colectivo a las actuaciones en los autos caratulados “BAUTISTA PRADO
MIRIAM MERCEDES Y OTROS c/GCBA Y OTROS s/AMPARO” – Expte. 379-2017/0,
causa impulsada por las familias que habitaban el inmueble ubicado en avenida
Pedro de Mendoza N° 1447/51, antes del incendio intencional ocurrido el 20 de
julio, que motivó la clausura preventiva y desalojo de dicha propiedad.
Los amparistas solicitaron ampliar y modificar el
objeto de sus pretensiones, a la vez que peticionaron “el cumplimiento de la
ley 2.240 en relación al inmueble siniestrado“, a fin de que se formulen y
ejecuten los proyectos específicos tendientes a la rehabilitación del predio.
Luego de ello, solicitaron que “se les permita a las familias desalojadas
retornar y permanecer en el conventillo en cuestión; se regularice la posesión
del mismo a fin de garantizarles una solución habitacional definitiva. Además y
en forma supletoria pretenden que se ordene a las demandadas la creación de una
línea de crédito especial que permita a los amparistas la compra de un inmueble
en el barrio de La Boca”.
La magistrada entendió que “se configura una acción
colectiva, en los términos de la jurisprudencia de la CSJN (…) Es decir, se
está en presencia de un hecho único generador de una lesión a una pluralidad
relevante de derechos individuales y pese a tratarse de éstos, ‘existe un
fuerte interés estatal en su protección’ dado su ‘trascendencia social’ y ‘las
particulares características de los sectores afectados'”.
“La indignidad a la condición humana al tan sólo
visualizar el numeroso grupo de familias que han quedado desguarnecidas de
mucho más que un techo material y de sus pertenencias, lo cual es un despojo de
sus más elementales cobijos a su existencia, ya exime de mayor análisis a la
trascendencia social que su solución requiere”, advirtió López Vergara, quien
participó personalmente de un reconocimiento judicial el pasado 4 de agosto.
Por otra parte, señaló que “la humildad que denotan
las familias que no han podido procurarse otro techo exime también siquiera de
imaginar que alguien con mayores recursos optara por jugar a ser ‘clochard’ y
vivir en unas lonas a la intemperie al costado de la ribera“.