La diputada porteña Claudia Neira del
Frente para la Victoria presentó un pedido de informes al Ejecutivo
sobre el funcionamiento del Servicio de Acarreo de vehículos en la
Ciudad.
Neira expresó que "aunque la ley
establece que la remoción del vehículo debe ser solicitada por un
funcionario público que constate la infracción, lo que vemos es que
los empleados públicos acompañan la grúa y solo se limitan a
firmar el acta".
"De esta manera, los funcionarios
del Estado porteño se convierten en facilitadores de las
concesionarias. En vez de que las empresas estén al servicio de las
necesidades del Estado, el estado se pone al servicio de las
empresas"
En la fundamentación del pedido de
informe, se detalla que de acuerdo a la información disponible, en
la playa de estacionamiento lindera al Parque Thays, hay 81 agentes
por día que "en lugar de encontrarse ejerciendo sus funciones
en la vía pública, funcionan casi como empleados de las empresas
concesionarias, aportados por el Estado."
La acusación de la legisladora surge
tras la difusión de un informe de la Auditoría General de la Ciudad
que mostraba irregularidades en la Dirección General de Concesiones
vinculadas al servicio de acarrreo. “Estas empresas, lejos de
sentirse satisfechas con los jugosos contratos ya existentes,
reclaman un plus de 120 millones de pesos, tal como lo detallase el
diario página 12 el lunes 18 de agosto”, argumentó la diputada en
su pedido con una cita de una nota periodística.
