La Defensoría del Pueblo envió a la Legislatura
porteña un proyecto que propone que todos los organismos del GCBA, los Poderes
Legislativo y Judicial, las Comunas y los Órganos de Control cuenten con los
medios para facilitar el acceso a la información y realización de trámites a personas con discapacidad auditiva y visual en
las oficinas de atención al público.
“Para las
personas con discapacidad auditiva, las oficinas deberán contar con
dispositivos de comunicación telefónica especiales para que puedan recibir
llamados de personas sordas e hipoacúsicas. Los teléfonos con dispositivos
especiales serán facilitados a las personas sordas e hipoacúsicas que lo
requieran. En caso de disponer de pantallas y/o televisores destinados a
brindar información audiovisual, estos deberán contar con interpretación en
Lengua de Señas Argentinas y subtitulado electrónico. A su vez, las oficinas
deberán contar con material de consulta y/o difusión editados en sistema
Braille y formato digital sonoro portable para el caso de personas con
discapacidad visual”, establece la iniciativa.
Además, el proyecto promueve la colocación en las
oficinas de indicadores luminosos y dispositivos sonoros para indicar los
turnos de atención. Y que también, las dependencias del gobierno, cuenten en la
entrada con un mapa táctil en relieve que ayude a las personas con discapacidad
visual a orientarse dentro del edificio para llegar a las oficinas de atención
al público. Asimismo, propone que las puertas de ingreso de las oficinas de
atención al público, cuenten con carteles en sistema Braille y macrotipos, como
así también las instalaciones sanitarias.
Por último, se propone que todas las páginas de
internet de las dependencias del Gobierno posean formatos plenamente accesibles
para las personas con discapacidad visual o auditiva conforme las Pautas de
Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.0 (Recomendación del W3C del 11 de
diciembre de 2008).
“Esta iniciativa surge como respuesta a la constante
y discriminatoria obstaculización del ejercicio de los derechos de las personas
con algún tipo de discapacidad en todos los ámbitos de su vida pública, quienes
muchas veces dependen de la compañía y de la buena voluntad de otras personas
que les ayuden en sus trámites”, explicaron desde la Defensoría.
Y agregaron que “tal es el caso de personas sordas e
hipoacúsicas, quienes suelen ver dificultado el acceso a los turnos de
atención, pues la forma de indicarlos es, por lo general, sólo sonora. Algo
similar les ocurre a las personas ciegas o con baja visión, ya que al no
existir indicaciones táctiles que permitan guiarse hasta llegar a las oficinas
de atención al público, encuentran limitada su autonomía desde el ingreso a las
dependencias estatales”.
