Más de un centenar de arquitectos e
ingenieros verificadores cortaron parcialmente la Avenida de Mayo,
frente a la Jefatura de Gobierno porteño, en protesta contra el
Decreto 271/14 que disolvió el control de obras que realizaban.
La arquitecta Lilian Rodríguez,
presidenta de la Asociación de Profesionales Perito Verificadores
(APPV), señalóque “persistir en esta medida es tentar a la
corrupción y la delincuencia. La peor consecuencia es que habrá
mayores niveles de riesgo, como desgraciadamente lo vimos con los
últimos derrumbes."
El diputado Alejandro Bodart (MST-Nueva
Izquierda), que acompañó la movida, agregó: "Las
verificaciones nacieron en el 2000 para combatir la corrupción en
las inspecciones. En la ciudad de Cromañón, Beara y los derrumbes,
quitar este control es criminal. Por eso la semana próxima voy a
presentar un amparo ante la justicia".
Así, los profesionales independientes
reiteraron su rechazo a la medida anunciada por Juan José Gómez
Centurión, titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de
suspender las contrataciones a miembros de la APPV debido a que,
según explicó el funcionario, recibieron 14.000 denuncias de
irregularidades en obras.
Rodríguez admitió que el decreto "no
sorprendió porque hace rato nos vienen fustigando” y remarcó que
“los verificadores de obra damos mayor transparencia a los
controles, ya que somos profesionales idóneos e independientes
asignados por sorteo”.
“Nuestro registro nació en el 2000
ante la corrupción en las inspecciones y abarca a unos mil
arquitectos e ingenieros. Eliminar la figura del verificador es
debilitar todos los controles de obra necesarios para la prevención
y la seguridad de las personas", agregó.
Por su parte, la ingeniera María
Cristina Siga, verificadora también de la APPV, sostuvo que
"nuestra tarea es verificar que lo hecho en obra coincida con el
plano registrado. Si hay divergencias lo informamos y luego quien
decide qué hacer es el gobierno porteño, que tiene el poder de
policía a través de sus inspectores".
