El Defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, dio
a conocer una propuesta para que los alumnos y docentes de universidades
porteñas puedan elaborar y presentar con el aval de la institución sus propios
proyectos de ley para mejorar la calidad de vida de quienes viven, transitan o
trabajan en la Ciudad.
Del evento, que se realizó en la sede de Belgrano
673, participaron también el presidente del Consejo Económico y Social,
Federico Saravia, y el secretario general del Sindicato del Personal No Docente
de la Enseñanza Privada (SAEOEP), Guillermo Marconi.
En palabras de apertura, Alejandro Amor,
destacó que “para la institución es una
gran responsabilidad presentar este programa. El trabajo con las universidades
potencia a las defensorías del pueblo. Los proyectos presentados son de
temáticas profindas y van a generar debate”. Por su parte, Guillermo Marconi
expresó que se pudo llegar a este Programa “debido al trabajo continuo que
lleva adelante la Defensoría del Pueblo”.
El programa Banca 62 se trata de una propuesta de la
Defensoría del Pueblo porteña que busca compartir la iniciativa legislativa con
las universidades de la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de aportar
soluciones a los problemas de la Ciudad y sus habitantes con rigor y calidad
académica.
Las casas de altos estudios comprendidas en el
convenio son la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), la Universidad de
Belgrano (UB), la Universidad Católica Argentina (UCA), la Universidad de
Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), la Universidad de Palermo (UP) y la
Universidad del Salvador (USAL).
Todas las casas de estudio presentaron sus
proyectos: la USAL elaboró una iniciativa sobre información y publicidad de
servicios educativos de gestión privada; la UB propuso la creación del Fuero en
lo Contencioso Administrativo, Tributario y Ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires; la UCES propuso crear un Centro de Estudios y Observatorio para el
Desarrollo de Empresas y el Trabajo; la UCA elaboró un Programa para la
Integración de las personas en situación de externación; la UADE propone la
incorporación del término “Edificios Reguncionalizados con Condiciones
Constructivas y Funcionales de Sostenibilidad (ERCCyFS)” al Código de
Edificación; y la UP propuso crear un Registro de las Pymes dedicadas a la
exportación de servicios de la Ciudad.
Del evento participaron, por la USAL: Luciana
Tondello, vicerrectora de Investigación y Desarrollo; María Eugenia Martese,
colaboradora académica de la Facultad de Historia, Geografía y Turismo; Livia
Uriol, directora de la Carrera de Abogacía; Sergio Sebastían Barocelli, docente
de Especialización en Contratos y Derecho de Daños, y Andrea Visiconde, docente
de la Facultad de Derecho. Por la UP: Luis Brajterman, secretario Académico de
la Facultad de Ciencias Sociales, y Diana Silveyra, responsable del Centro de
Desarrollo para Emprendedores y Exportadores de la Facultad de Ciencias
Económicas. Por UCES: Norberto Quaglia, coordinador Académico de la Carrera de
Ciencia Política, y Enrique Farías, especialista en temas de Desarrollo
Empresarial. Por la UCA: Jorge Nicolás Laferriere, coordinador del Equipo
Interdisciplina y Salud Mental, y Daniel Villa, del Centro de Graduados. Por la
UADE: Nicole Michel, docente asociada de la Facultad de Arquitectura, y Kevien
Sueiro, Adscripto al Rectorado. Por la UB: Maximiliano Macaluse, especialista
en Derecho Ambiental.
Por parte de la Defensoría del Pueblo porteña
participaron también la titular de la Unidad de Política Institucional, Dolores
Gandulfo; el titular de la Unidad de Enlace Legislativo, Sebastián Lara; el
subsecretario de Derechos Políticos y Ciudadanos, Norberto Darcy, y la
subsecretaria Derechos Urbanos, Espacio Público y Medio Ambiente, Bárbara
Rossen.
